Por: Andrea Castillo

El Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa requirió a la Secretaría de Educación Pública para que en 24 horas informe las medidas de protección y protocolos instaurados para mitigar los impactos de Covid 19 por el regreso a clases debido al amparo interpuesto como una estrategia integral por parte del movimiento Educación con Rumbo.

Con ello se busca que el Poder Judicial garantice que la decisión del Gobierno de regresar a clases de manera presencial salvaguarde los derechos humanos, a la vida y la salud física y socioemocional de niños y niñas de primaria y secundaria.

Como parte de la estrategia del movimiento “Educación con Rumbo” se presentó un amparo para solicitar que la Secretaría de Educación Pública y las autoridades responsables, garanticen los derechos humanos de los niños, así como su salud física y socioemocional para el regreso a clases de manera presencial al ciclo escolar 2021-2022. El citado amparo fue radicado en el Juzgado Noveno de Distrito, bajo el expediente 1016/2021.

Lo anterior, toda vez que a la fecha las autoridades en materia educativa han omitido acreditar la instrumentación de protocolos y adecuaciones a la infraestructura de las escuelas para mitigar el impacto de la variante Delta del COVID19 que afecta principalmente a niños y niñas de primaria y secundaria.

Paulina Amozurrutia, Coordinadora Nacional del movimiento Educación con Rumbo, precisa que la causa para presentar el amparo no radica en impedir el regreso a clases de manera presencial, sino en someter a un escrutinio y control constitucional las omisiones de las Autoridades para garantizar que el regreso a clases sea seguro y garantice los derechos humanos de los niños.

Por su parte, el abogado constitucionalista Miguel Ángel Ortiz, de la firma Cuatrecasas, refirió que el amparo presentado es un precedente relevante en materia de defensa de derechos humanos de los niños pues se dirige a garantizar su derecho humano a la vida, la supervivencia y al más alto estándar de protección de salud y educación, de conformidad con la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos del Niño, por lo cual el Poder Judicial solicitó a la SEP que de manera urgente informe las medidas de protección y protocolos instaurados para mitigar los impactos de COVID19 frente al regreso a clases.

Finalmente, Amozurrutia señaló que en materia educativa para un regreso integral se necesitan tres factores de manera prioritaria inmersos en el amparo: una evaluación y regularización de los niños de los aprendizajes esperados en la pandemia; una capacitación en temas socioemocionales a Maestros y Directivos debido a los efectos psicológicos provocados en los niños por el confinamiento; y, por último, la implementación de protocolos integrales para la contención del COVID19 en escuelas.

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