Xalapa, Ver.– En medio de un fuerte escándalo, fue destituido de manera sorpresiva Óscar Canseco Jarquín, quien hasta hace unos días se desempeñaba como titular de la Unidad de Primer Contacto y Atención Inmediata de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP). La decisión se tomó luego de las inconsistencias detectadas en su declaración sobre el fallecimiento de uno de sus subordinados, ocurrido en extrañas circunstancias tras una noche de excesos.
Los hechos se remontan al pasado 25 de junio, cuando Canseco Jarquín y su colaborador participaron en una jornada de consumo de alcohol y presuntos servicios sexuales. La versión inicial presentada por el ahora exfuncionario intentó establecer que ambos fueron víctimas de una supuesta “banda de goteras”, quienes habrían drogado sus bebidas. Sin embargo, sus declaraciones ministeriales fueron contradictorias y levantaron sospechas.
Según su testimonio, vio cómo dos mujeres colocaban gotas en sus tragos, y a pesar de saberlo, accedió a consumirlas “para disfrutar más la noche”. Más preocupante aún, declaró que su subordinado comenzó a sentirse mal al grado de tener dificultad para respirar, por lo que tuvo que cargarlo hasta su vehículo. En lugar de llevarlo a un hospital o pedir ayuda médica, lo trasladó a su domicilio, donde más tarde fue hallado sin vida.
La narrativa presentada por Canseco Jarquín se vino abajo ante las inconsistencias detectadas en el expediente. Entre ellas, que las cuentas de los bares fueron pagadas con su tarjeta de crédito, además de que familiares y peritos reportaron lesiones graves en el rostro del fallecido y sangrado profuso, lo que contradice la versión de una “muerte química”.
Pese a estas evidencias, el exfuncionario logró, inicialmente, que cinco personas fueran detenidas por la Policía Ministerial bajo el argumento de ser una peligrosa banda de delincuentes. Los detenidos fueron extraídos de sus domicilios con uso excesivo de fuerza y presentados públicamente como responsables del supuesto ataque, lo que ha levantado serios cuestionamientos sobre el actuar de las autoridades y un posible montaje.
Hasta el momento, no ha habido un comunicado oficial por parte de la CEAPP o del Gobierno del Estado explicando los motivos de la destitución. Sin embargo, la presión social y mediática sobre el caso sigue creciendo, exigiendo justicia para la víctima y una investigación clara e imparcial sobre los hechos.
Este caso ha puesto en tela de juicio no solo la integridad del exfuncionario, sino también la credibilidad de una institución encargada de proteger a periodistas, dejando a la opinión pública con más preguntas que respuestas.
