Samuel Aguirre Ochoa
Durante los últimos meses, el Movimiento Antorchista Nacional ha denunciado de manera reiterada la actitud de cerrazón de los gobiernos morenistas frente a las protestas de diversos sectores sociales. Aunque la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, sostiene que su administración tiene disposición al diálogo, la realidad muestra que, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, persiste la política lopezobradorista de ignorar las manifestaciones, descalificar a las organizaciones sociales y dejar sin solución las demandas colectivas.
Esta actitud afecta a múltiples grupos: colectivos de madres buscadoras, que enfrentan la tragedia de localizar por sus propios medios a sus hijos desaparecidos ante la inacción gubernamental; familiares de víctimas de la violencia; transportistas que exigen seguridad; docentes que reclaman mejores condiciones salariales y productores del campo que demandan políticas de apoyo al sector agropecuario.
A ellos se suma el Movimiento Antorchista Nacional, como organización representativa de los sectores más desprotegidos, que en diversas entidades está solicitando atención a gobernadores emanados de Morena y ha encontrado, hasta ahora, un rechazo sistemático a las peticiones de la gente humilde organizada.
Algunos casos concretos ocurren en Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y el Estado de México, donde campesinos, colonos y estudiantes plantean demandas similares: paquetes de herramientas y fertilizantes para incrementar la producción del campo; regularización de colonias y entrega de nuevos lotes para vivienda popular; y construcción de obras de gran impacto social, como carreteras, hospitales, infraestructura educativa, sistemas de agua potable y drenaje sanitario.
En todos estos estados, los gobernadores morenistas han mostrado una negativa tozuda al dialogo, han violado el derecho constitucional de audiencia y han recurrido a acciones represivas contra dirigentes e integrantes del antorchismo, a pesar de las movilizaciones multitudinarias.
Ante esta realidad, debemos preguntarnos por las causas de tal actitud, sobre todo cuando el gobierno insiste en presentarse como representante del pueblo y herederos de la izquierda. Tres razones principales pueden identificarse.
La primera tiene que ver con la política fiscal, es decir, el cobro de impuestos y el gasto público vigente desde el sexenio anterior, que se niega a gravar con mayores impuestos a las grandes fortunas, lo que potencia la concentración de riqueza, mientras que a los pobres se les pretende contentar con los programas sociales—reducidos a meras transferencias monetarias— que no atacan las causas de la pobreza.
El gobierno parece creer que las “tarjetitas” son suficientes para acabar con los problemas sociales. Esta lógica es profundamente neoliberal, a pesar de que el expresidente López Obrador declaró muerto y enterrado al neoliberalismo. Los indicadores del gasto público lo desmienten: en 2026, la inversión en salud representa apenas el 2.9 % del presupuesto total; la educativa, solo el 3 % del PIB, muy por debajo del 6 % recomendado por organismos internacionales; mientras que el pago de intereses de la deuda asciende a 1.3 billones de pesos anuales, muy por encima de los 950 mil millones destinados a salud. Las finanzas públicas en realidad están al servicio de los bancos privados.
La segunda razón es la incapacidad de los funcionarios que están en el aparato gubernamental, tanto federal como estatal. El propio López Obrador confesó que prefería colaboradores con 90 % de lealtad y apenas 10 % de capacidad, criterio replicado en los gobiernos locales. Hoy se cosechan los efectos perniciosos de esa ineptitud, que se traduce en falta de soluciones para la población.
La tercera razón es una actitud abiertamente represiva hacia los movimientos sociales que el gobierno no logra controlar. Este es el caso del antorchismo: desde el inicio del régimen morenista, se empeñaron en descalificar a la organización y cerrar toda vía de solución a sus demandas, creyendo erróneamente que así se daña al movimiento, cuando en realidad se castiga a la gente humilde que vive en los pueblos y colonias. Se trata de un uso faccioso del poder, pues solo se dialoga con aquellas organizaciones que aceptan someterse sin cuestionar. Un gobierno verdaderamente preocupado por las clases populares resolvería las necesidades de todos por igual, sin distinción por ideología política.
Además, un gobierno de izquierda auténtico debería no solo respetar, sino alentar, potenciar y proteger la organización social. Sin embargo, los gobiernos morenistas criminalizan a las organizaciones sociales, acusándolas sin pruebas de corrupción. Esta política conduce a la pulverización de la sociedad, porque los gobernantes prefieren tratar los asuntos de manera individual, repitiendo la misma fórmula engañosa de la derecha. No olvidemos que Vicente Fox fue el primer presidente de México que puso en marcha la política de no tratar con las organizaciones.
Las implicaciones de esta conducta son de largo alcance. Aunque el efecto inmediato es mantener a la gente sumida en la pobreza y con múltiples carencias sociales, en el largo plazo, el descontento masivo se acumulará y abrirá la puerta a fuerzas aún más retrógradas, como la ultraderecha, que capitalizarán ese desencanto en beneficio de sus intereses. Ese es el resultado inevitable de todo gobierno que asume un discurso de izquierda, genera expectativas desmesuradas y, una vez en el poder, resulta incapaz de resolver los problemas más apremiantes de la gente y carece de sensibilidad ante las protestas legítimas del pueblo.
Este fenómeno se observa en muchos países de América Latina: en Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile y, más recientemente, en Perú y Colombia, las izquierdas timoratas han sido derrotadas por partidos políticos reaccionarios, contrarios a los derechos sociales y defensores a ultranza de la concentración de la riqueza en unas cuantas manos. En varias de esas naciones hoy gobiernan verdaderos fascistas, enemigos del pueblo, como consecuencia de los errores y las incapacidades de los gobiernos de izquierda.
Por ejemplo, en Argentina gobierna actualmente Javier Milei, que desde que llegó al poder ha promovido recortes al gasto social y modificado las leyes a favor de las clases opresoras. Los errores de la izquierda en Colombia permitieron que triunfara en las elecciones Abelardo de la Espriella, procedente de una familia de terratenientes y que promete seguir las mismas políticas de Milei en Argentina. En Chile, el fracaso de la socialdemocracia permitió la llegada al poder de José Antonio Kast, descendiente directo de nazis alemanes.
Ese es el terrible camino hacia el que los morenistas están conduciendo a México. Al reprimir el derecho de organización y no resolver las necesidades legítimas de los sectores populares, están poniendo al país en bandeja de plata a los políticos y empresarios ultra reaccionarios que, desde luego, también existen en nuestro país y están ganando fuerza de forma peligrosa.
Por estas razones, el Movimiento Antorchista Nacional llama a todos los movimientos sociales que están en lucha a no desistir. Los antorchistas no vamos a desistir, aunque la estrategia gubernamental intente cansarnos y desanimarnos. Eso no es algo nuevo, muchos gobiernos antes también lo intentaron y terminaron fracasando.
Debemos estar seguros de que hacemos lo correcto, porque la protesta social es una necesidad que responde a un problema estructural: la gran desigualdad económica en México, es decir, la concentración de la riqueza en unas cuantas manos mientras el número de pobres crece aceleradamente. Mientras esta injusticia persista, habrá descontento y habrá manifestaciones.
Por ello, los movimientos sociales no debemos desistir; al contrario, tenemos que persistir hasta conformar un gran frente de lucha nacional que exija atención a las necesidades del pueblo y que dé vida a un auténtico movimiento progresista, basado en la organización de las clases trabajadoras, para lograr el bienestar general de todos los mexicanos.