“El Buen Tono” opera bajo el cobijo del poder

Redacción

Córdoba, Ver. – Pese a los escándalos que rodean al diario El Buen Tono en donde tanto el propietario como el director editorial del periódico José Abella y Omar Sosa respectivamente han dado la noticia en la zona centro desde hace ya algún tiempo, el primero; utilizando el medio de comunicación como “arma” para extorsionar y difamar a funcionarios, actores políticos y ciudadanos que no ceden a sus chantajes y el segundo por los abusos y burlas a la autoridad.

Ambos actúan incluso en el ámbito personal bajo la impunidad y la protección de la gobernadora Rocío Nahle, cuya cercanía con el empresario transportista y gruyero ha permitido que ambos aprovechen las influencias librando los escándalos como el último en cuestión donde Omar Sosa fue detenido con un auto con reporte de robo, pese a ello; sin responder ante la ley como cualquier otro ciudadano.

Esta ocasión fue el pasado fin de semana cuando el “director” de El Buen Tono fue detenido, pero como ha sucedido e incluso lo han presumido en sus redes sociales, la justicia no los toca, quizás en el caso de Omar Sosa por ser el operador de “guerra sucia digital y ejecutor de las campañas de desprestigio ordenadas por su jefe José Abella.

El historial de Omar Sosa es ya amplio:

El 8 de junio de 2025 fue detenido después de protagonizar varios choques automovilísticos mientras presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas, siendo interceptado en el arco de Shangrilá, sobre el bulevar Córdoba-Fortín.

El 26 de enero volvió a ser detenido tras provocar otro accidente, también presuntamente bajo el influjo de alcohol y estupefacientes, sobre la avenida 3, entre calles 6 y 8, frente al establecimiento conocido como La Cantina.

El 7 de abril fue puesto a disposición de un juez de control por los presuntos delitos de lesiones, amenazas y daños. Permaneció más tiempo en el traslado al penal de La Toma, que privado de su libertad. Lo habrían liberado por órdenes de la Secretaría de Gobierno.

Y el pasado 24 de julio volvió a ser detenido, ahora cuando circulaba por la colonia La Posta, en Córdoba, a bordo de un vehículo con reporte de robo.

Las detenciones se acumulan. Las denuncias también. Pero las consecuencias parecen no existir.

Además de esos antecedentes, Omar Sosa ha sido señalado por presuntos actos de extorsión y por operar una estructura de violencia digital que, a través de El Buen Tono y de páginas como La Contra, Metropolitano MX, De Buena Fuente, El Crítico e Informativo Cordobés; difunde campañas de desinformación, ataques sistemáticos y contenidos dirigidos al desprestigio de adversarios políticos y particulares.

El 16 de mayo, el Ayuntamiento de Córdoba clausuró el establecimiento que operaba el hijo de José Abella en la denominada Casa Penagos. Aunque se promovía como un supuesto centro cultural, la autoridad municipal sostuvo que en ese inmueble se comercializaban bebidas alcohólicas y drogas, incluso a menores de edad.

Los escándalos alrededor de José Abella no terminan ahí.

El 30 de marzo de 2025 sobrevivió al desplome del helicóptero en el que viajaba en Monte Blanco, municipio de Fortín. Desde 2022, la Dirección de Transporte y Control Aeronáutico de la SICT ya le había retirado los permisos para operar dos aeronaves registradas a su nombre.

A raíz del accidente, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para determinar tanto las causas del desplome como el uso que se daba a la aeronave.

Pese a ese historial, Abella mantiene una relación privilegiada con el poder.

De acuerdo con información consultable en la Plataforma Nacional de Transparencia, recibe más de 500 mil pesos mensuales mediante un convenio publicitario con la Secretaría de Gobierno de Veracruz, encabezada por Ricardo Ahued.

La gobernadora Rocío Nahle, además, ha visitado públicamente las instalaciones de su empresa Ráfagas, una cercanía política que contrasta con la larga lista de señalamientos que pesan sobre su entorno.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Córdoba dejó de cubrir los aproximadamente 200 mil pesos mensuales que, según esta versión, Abella recibía desde la administración de Leticia López Landero. A partir de entonces, El Buen Tono emprendió una ofensiva permanente de publicaciones contra funcionarios públicos y en esta ocasión le toca al  presidente Manuel Alonso y su gobierno, en una estrategia que sus críticos califican como una campaña sistemática de presión y desgaste político.

Durante el gobierno de Leticia López Landero, la influencia de José Abella también habría alcanzado la estructura del Ayuntamiento. Según estas acusaciones, logró colocar a su hermana Paulina Abella como directora de Desarrollo Social; a su cuñado, Carlos Guraieb, como uno de los principales contratistas de obra pública, y obtuvo pagos por presuntos servicios inexistentes a través de Casabella Art Boutique Hotel, en Boca del Río.

Con este historial, El Buen Tono dejó hace mucho tiempo de ejercer periodismo. Lo que describen es una estructura dedicada a utilizar la desinformación, la presión mediática, la violencia digital y la extorsión como instrumentos de poder. Y, mientras esa maquinaria continúe operando con respaldo político y recursos públicos, así como recursos de dudosa procedencia, la impunidad seguirá siendo su principal activo.

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