Tras la revisión del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) en el estado de Veracruz, Delia González Cobos, la auditora Delia González Cobos, reveló que serán giradas tres órdenes de aprehensión contra exalcaldes por presunto daño patrimonial y observaciones financieras que no fueron solventadas.
“La Fiscalía tiene sus tiempos, la Fiscalía integra y hace sus averiguaciones. En el caso de la última reunión hubo buenas noticias, no les quiero adelantar, pero si les puedo decir que se van a conocer de algunas órdenes de aprehensión en contra de titulares de entes fiscalizables.
Hay algunas órdenes de aprehensión que van a ser otorgadas en breve o no sé si ya las tenga, pero vamos a ver resultados de eso”, reveló.
González Cobos puntualizó que tiene conocimiento de al menos tres que ya están, pero aclaró que no podía decir de que municipios se trataba por la secrecía de la indagatoria.
Y es que en el caso de la nueva valoración de la cuenta pública 2021 del municipio de Córdoba, ordenada por el Congreso de Veracruz arrojó un presunto daño patrimonial del orden de 107 millones 324 mil 751 pesos precisa el Órgano de Fiscalización Superior.
Se tratan de 16 observaciones financiero presupuestal y 5 más técnico a la obra pública por presunto daño patrimonial
El fiscalizador acató el ordenamiento generado de la sexagésima sexta legislatura del Congreso del Estado efectuada el 24 de octubre de 2022
En dicha sesión el Congreso local rechazó los informes individuales y el informe general ejecutivo de la cuenta pública 2021 presentados el 30 de septiembre de 2022.
De la revisión efectuada se determinó incumplimiento a disposiciones de carácter federal, estatal y municipal que dieron lugar a la formulación del Pliego de Observaciones correspondiente, señalándose en el presente Informe aquéllas que no fueron debidamente solventadas.
Los principales desvíos de recursos fueron detectados en comunicación social, DIF, Limpia Pública así como en las obras del mercado Revolución y la del paso a desnivel de la avenida 11 y calle 39 y prácticamente son los mismos desvíos detectados inicialmente y publicados el 30 de enero del presente año.
En Comunicación Social se detectó que se realizó una erogación por asesoría y apoyo para la elaboración de lineamientos para contratación de medios de comunicación por el orden de 82 mil y pagado sin presentar documentación que compruebe que se hizo lo cual es considerado por el Orfis como presunto daño patrimonial.
Destacan contratos realizados en la gestión de Martha Marañón al frente de Comunicación Social y que se antojan absurdos como el pago efectuado en febrero de 2021 por el análisis y diagnóstico de las redes sociales del ayuntamiento de Córdoba por la cantidad de 377 mil pesos seguido por otro por concepto de certificación de redes sociales por la cantidad de 203 mil pesos y una tercera erogación por concepto de capacitación en administración de redes sociales por la cantidad de 174 mil pesos haciendo un total de daño patrimonial del orden de 754 mil.
Otro pago absurdo es el de servicio de asesoría para la integración de escrituras públicas de la dirección de la sindicatura por el orden de 197 mil 200 pesos.
Compras de 45 cajas de gel sanitizante, 600 caretas de policarbonato y 13 mil cubre bocas KN95 por el orden de 330 mil 948 pesos que también el Orfis considera presunto daño patrimonial.
El pago de la asesoría en cumplimiento de obligaciones en materia de trabajos de verificación y regularización en los pagos de impuestos estatales en la OVH del parque vehicular del Ayuntamiento por la cantidad de $469,800.00 sin existir comprobación de los mismos.
La extraña revisión y análisis de planos arquitectónicos para realizar peritaje de la obra realizada del inmueble ubicado en la calle 10, entre avenidas 3 y 5 número 308 de la colonia Centro del orden de los 489 mil 520 pesos sin que exista justificación y comprobación de este pago lo que también está considerado como presunto daño patrimonial.
Para la entrega recepción de la administración municipal se hicieron tres pagos por concepto de asesoría. El primero por 1 millón 479 mil; un segundo pago por 986 mil y un tercero por 986 mil haciendo un total de 3 millones 451 mil pesos que el Orfis califica como presunto daño patrimonial.
El Orfis indica que el ayuntamiento otorgó durante 2021 un total de 31 millones 849 mil 999 pesos al DIF municipal pero no presentó evidencia de que las asignaciones hayan sido ejercidas conforme a un presupuesto y programa de trabajo y a que rubros se destinó ese dinero.
El ayuntamiento también pagó sueldos y salarios por 2 millones 251 mil 808 pesos pero no hay evidencia de quienes fueron los beneficiarios.
Por el manejo de residuos sólidos urbanos la administración de Leticia López Landero pagó 23 millones 552 mil, pero no pudo exhibir los instrumentos de control correspondientes (bitácoras y reportes fotográficos que describan las actividades realizadas por concepto de recepción, confinamiento y destino final de residuos sólidos).
La observación FM-044/2021/023 DAÑ se refiere al pago de 12 millones 426 mil 542 pesos en dos parcialidades para el pago de equipo de seguridad del centro de monitoreo sin anexar evidencia documental de la instalación y funcionamiento de los equipos adquiridos.
Observación Número: FM-044/2021/023 DAÑ
El Ente Fiscalizable ejerció la acción número 258 “Equipo de Seguridad Pública para Centro de
Monitoreo”, sin anexar evidencia documental de la instalación y funcionamiento de los equipos adquiridos.
Así como otro presunto daño patrimonial por 5 millones 712 mil 918 en la obra del paso a desnivel de la avenida 11 y calle 39.
Estas son las observaciones que más destacan en la nueva revisión que realizó el Orfis.
Ayer la titular del Orfis, Delia González Cobos anticipó que están por girarse órdenes de aprehensión en contra de tres ex alcaldes de la administración pasada y anticipó que uno de ellos ya se encuentra fuera del país.
